lunes, 28 de agosto de 2017

Sabotaje pudo ser causa de caída del avión estrellado en Vargas


Se ha dicho mucho en las últimas horas sobre las posibles causas del siniestro aéreo del avión Lear Jet 25 YV3191, cuyo propietario supuestamente es Alberto Ardila Olivares. Uno de los pasajeros muertos era requerido e investigado al parecer por la DEA, otro presuntamente mantenía proximidad con la esposa de un alto funcionario. Por estas razones cobra fuerza la tesis del sabotaje para ocasionar la caída de la aeronave.

 

El avión estaría registrado a nombre de la empresa Aeroquest y su base se encontraría ubicada en el Aeropuerto Caracas. A Ardila Olivares se le asocia con Pedro Loyo y ocn los sobrinos Flores, junto a quien tenía otro avión similar que fue capturado tres años atrás en República Dominicana con 80 kilogramos de cocaína a abordó. La aeronave en esa ocasión habría partido desde el aeropuerto Metropolitano de Charallave.
Aroquest tendría una flota conformada por unos 15 aviones. Sus pasajeros frecuentes serían Wilmer Ruperti, Alexander Del Nogal y varios ministros. Uno de los pasajeros muertos fue Luis Picardí, vinculado en negocios y contratos a un petroalcalde y al prófugo Pedro León.
La empresa Aroquest fue vinculada tiempo atrás al gobernador del Tachira José Vielma Mora. La empresa tiene una sede en Weston, USA. La empresa de Picardí, de nombre SERVIPICA, tiene su sede en Guanta, por lo que hay hipótesis de su vinculación con un petroalcalde.
Ardila es ligado a la incautación de un cargamento de cocaína tiempo atrás en Cemex de Pertigalete, zona donde operarían varios carteles. Alberto Ardila habría sido detenido en Aruba con Diego Levine en un avión turbo YV204 CP, cuando detectaron a bordo un cargamento de pistolas de alta potencia. Luego fue detenido en Bogotá a bordo del avión VV203 CP.
Luis Picardí era fustigado por sus manejos con la empresa SERVIPICA. Juvencio Carvajal, otra de las víctimas del accidente, era escolta del hijo de Miguel Pérez Abad.
El avión estrellado también era utilizado por las empresas Urbano Fermín y por pasajeros que viajaron a un concierto musical en La Romana, en diciembre pasado.

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